En los últimos años, una palabra de origen anglosajón ha ido ganando terreno en el mundo empresarial, también en el ámbito de las oficinas y despachos profesionales: compliance. Se trata de un concepto que, lejos de ser una moda, ha venido para quedarse. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Por qué es importante para las empresas y entidades colectivas? ¿Es obligatorio implantarlo?
Qué es el compliance
La traducción más directa de compliance sería “cumplimiento”. En el contexto empresarial y organizativo, hace referencia al conjunto de procedimientos, políticas y buenas prácticas que una organización pone en marcha para garantizar que cumple con la normativa vigente, interna y externa, y para prevenir riesgos legales o reputacionales.
En otras palabras, el compliance busca que la empresa o entidad actúe de manera ética, transparente y ajustada a la ley, reduciendo la posibilidad de que se produzcan infracciones, fraudes, sobornos, blanqueo de capitales u otras conductas indebidas.
Un programa de compliance no se limita a cumplir con las leyes, sino que también abarca códigos éticos, políticas internas y estándares internacionales que refuerzan la cultura de integridad de la organización.
Para qué sirve
El compliance aporta seguridad jurídica, confianza y reputación. Sus beneficios se pueden resumir en varios puntos:
- Prevención de sanciones: ayuda a anticipar y evitar incumplimientos legales que podrían conllevar multas, sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales.
- Protección de la reputación: una entidad con mecanismos de compliance transmite seriedad, transparencia y fiabilidad, algo cada vez más valorado por clientes, proveedores y socios.
- Mejora de la gestión interna: al establecer protocolos claros, se optimizan los procesos y se reducen riesgos de conflictos internos o malas prácticas.
- Ventaja competitiva: disponer de un programa de compliance puede ser un factor diferencial en licitaciones públicas, colaboraciones o contratos con grandes empresas.
- Exención de responsabilidad penal: en España, desde la reforma del Código Penal de 2015, las empresas pueden responder penalmente por delitos cometidos en su seno. Sin embargo, contar con un plan de compliance eficaz puede servir como atenuante o incluso eximente de responsabilidad.
Cómo se instaura en una organización
Implantar un sistema de compliance no significa copiar un modelo estándar, sino diseñar un plan adaptado a la realidad y necesidades de cada organización. De forma general, el proceso incluye varias fases:
- Análisis de riesgos: se identifican las áreas de la organización más expuestas a incumplimientos legales o éticos (contratación, protección de datos, relaciones con la Administración, fiscalidad, etc.).
- Diseño del programa: a partir del análisis, se definen políticas, protocolos de actuación y controles internos que permitan prevenir y detectar posibles irregularidades.
- Nombramiento de un responsable de compliance (compliance officer): figura clave que supervisa el cumplimiento de las normas y la correcta aplicación del programa.
- Formación y sensibilización: es fundamental que todos los miembros de la organización conozcan el plan y comprendan su papel en él. El compliance solo funciona si se integra en la cultura empresarial.
- Canales de denuncia y medidas disciplinarias: el plan debe incluir vías seguras y confidenciales para comunicar irregularidades, así como consecuencias para quienes incumplan las normas.
- Supervisión y mejora continua: el compliance no es estático. Debe revisarse y actualizarse periódicamente para adaptarse a cambios normativos o nuevas circunstancias.
En organizaciones pequeñas, estos pasos pueden adaptarse a la escala de la entidad, sin necesidad de estructuras complejas, pero siempre con la idea de documentar y demostrar el compromiso con el cumplimiento normativo.
¿Es obligatorio el compliance?
Aquí surge una de las grandes preguntas de muchos asociados de Ofydes: ¿todas las empresas y entidades están obligadas a implantar un programa de compliance?
La respuesta es: no siempre obligatorio, pero sí muy recomendable.
– Obligatorio: en determinados sectores altamente regulados (banca, seguros, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, etc.), la normativa exige contar con medidas de cumplimiento específicas.
– No obligatorio, pero estratégico: para el resto de empresas y entidades, el compliance no es un requisito legal general. Sin embargo, puede marcar la diferencia en caso de conflictos legales, en la relación con la Administración o cuando se participa en concursos y contratos.
En el caso de asociaciones, colegios profesionales, cooperativas o pequeñas empresas, un programa de compliance adaptado a su tamaño y actividad puede ser un seguro frente a riesgos legales y un sello de confianza para sus miembros y clientes.
Conclusión
El compliance no debe entenderse como una carga, sino como una inversión en tranquilidad, credibilidad y sostenibilidad a largo plazo. Para las empresas y entidades asociadas a Ofydes, puede suponer un paso estratégico para reforzar su prestigio y blindarse ante posibles contingencias legales o reputacionales.
En un entorno cada vez más regulado y con clientes más exigentes, cumplir la ley no es suficiente: hay que demostrar de forma activa ese compromiso. El compliance es, precisamente, el camino para hacerlo.